Premio

No sería posible premiar a Tlachinollan, Organización No Gubernamental que lidera Abel Barrera Hernández, si en Guerrero no existieran los antecedentes de agravios a, más que nadie, los pueblos indígenas marginales y empobrecidos. La política panteonera pasa por Raymundo Abarca Alarcón con la masacre de los copreros en el Acapulco de 1967.
Después vendría “la guerra sucia” del 75, la guerrilla, Figueroa y sus secuelas. En semejantes escenarios Tlachinollan era una respuesta lógica de los ofendidos y humillados a la barbarie del poder despótico. Amnistía Internacional conoce esta historia.
Que un gobierno pretenda perpetuarse es ambición histórica. Fueron asesinados desde el poder Colosio, Ruiz Massieu, Rey Hernández, Chavarría y más o menos seiscientos perredistas que no admitían que les ganaran impunemente las elecciones. El estado de Guerrero fue el principal laboratorio de la democracia y el precio de la misma fue a costa de la sangre del pueblo.
Lo que no entendemos es por qué un gobierno democrático, del pueblo y por el pueblo, el pasado sexenio, tuvo que ser tan represor y malvado con los más humildes ciudadanos que le otorgaron su voto. Tlachinollan y Abel Barrera sufrieron las peores persecuciones y agravios durante el gobierno del pedestre Zeferino. Los asesinatos de Ayutla, las órdenes de aprehensión a luchadores sociales, la criminalización de la protesta social, el encarcelamiento de hombres y mujeres que se manifestaban contra la injusticia, el incumplimiento de los laudos internacionales de Derechos Humanos, y la ineptitud senil de Juanito Alarcón Hernández, la cereza del pastel.
El Premio de AI no es un orgullo para Guerrero. Es un estigma que nos recuerda, que en nuestro pueblo, el Estado de Derecho ha sido siempre una posibilidad remota y que al igual que África, nuestra fue tierra propicia para la arbitrariedad y el atropello, que no deben nunca jamás, volver a tener vigencia ni actualidad.

PD: “Mátalos en caliente”: Porfirio Díaz.

ARTICULO DE OPINIÓN SOBRE LOS PPS, por Juan López

PPS




Juan López



Una de las filiales empresariales del Grupo ICA construyó en Acapulco el Maxitúnel. Megainversión al cien por ciento de participación privada (I.P.). El gobierno sólo facilitó trámites, pues fueron particulares quienes desembolsaron el capital.

No es que las empresas sean hermanas de la caridad. A un plazo determinado, recuperarán su dinero, pues son ellas mismas quienes recaudan en taquilla el peaje diario por el servicio.

Nadie dijo en su momento que esta clase de inversión sería bautizada a la postre como PPS (Programas de Pagos por Servicios): Desarrollo, inversión, obra de uso público y capital de la I.P., para abatir el déficit de la comunicación urbana. Tampoco entonces requirieron los inversionistas de alguna ley específica que tutelara sus actividades económicas.

Entregar los servicios públicos a la iniciativa privada en una treta para desentenderse de las responsabilidades políticas, está

Prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero construir con dinero privado obras de utilidad social que, a su vez se autofinancian con los cobros que se hagan por su uso, es ya otra la situación. Si los PPS que propone Ángel Aguirre Rivero tienen como modelo el Maxitúnel de Acapulco, bienvenidos al desarrollo de Guerrero y ninguna oposición se justifica a éstos.

Bajo dicha modalidad se construiría el túnel La base-Puerto Marqués-El Cayaco. Advirtiendo a la sociedad que van a ser obras de peaje y no servicios gratuitos. Que el gobierno al no tener capacidad financiera los concesiona a la iniciativa privada y ésta a su vez se desquita, cobrando una cuota arancelaria por el servicio que una vez terminada la obra, cobren por ella.

Aclarada la incógnita no hacen falta foros regionales; propuesta del priísmo rancio, ni siquiera una ley general. Con un decreto por obra sería suficiente, para concesionar determinado proyecto a la empresa que tuviera el suficiente capital para llevarlo a cabo.



PD: “Cuentas claras, amistades largas”: Refrán.